LA TELEVISIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN LA ENCRUCIJADA: UNA BREVE REFLEXIÓN A RAÍZ DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE

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Entre 2011 y 2012, Televisión Española (TVE) ha merecido diversos galardones en los que se ha destacado el pluralismo, el rigor, la neutralidad y la independencia de sus servicios informativos, así como la calidad de sus productos de entretenimiento y series de ficción nacionales (con referentes como La hora de José Mota, Cuéntame o Águila Roja). Los numerosos premios recibidos avalan el cambio de rumbo que ha experimentado la televisión pública estatal.

TVE ha conseguido, por fin, superar viejos fantasmas del pasado –como la condena que, en 2003, le impuso la Audiencia Nacional por manipulación informativa–, recuperar la credibilidad perdida y, en definitiva, ganarse de nuevo el favor del público. TVE se ha erigido, de nuevo, en una televisión que lidera las audiencias nacionales, superando las críticas de aquellos que le achacaban ser una televisión minoritaria o elitista, o más gráficamente: “una televisión pública sin público”, mantra que vuelve hoy a resurgir de nuevo, aunque ahora, como consecuencia de la asfixiante política de recortes a la que el Ejecutivo está sometiendo a la Corporación RTVE.

A pesar de los éxitos cosechados, corren malos tiempos para la Corporación RTVE, el organismo público al que se le encomienda la prestación del servicio público audiovisual de titularidad estatal. La RTVE se enfrenta a un Gobierno nacional que, además de reducir drásticamente sus fuentes de financiación (con un recorte de 204 millones de euros) –ya muy mermadas desde que se le obligó, en 2006, a renunciar a los ingresos derivados de la publicidad comercial–, paradójicamente, es ahora quien cuestiona y tacha a la televisión y radio públicas de antigubernamentales.

El que TVE perdiera su carácter gubernamental era precisamente uno de los frutos perseguidos por la reforma institucional, financiera y estructural del modelo de radiotelevisión pública estatal emprendida en España a partir del año 2006, en el primer mandato del Presidente Zapatero, donde se apostó por la total independencia política de la Corporación RTVE. De hecho, esta fue una de las acciones adoptadas por el Ejecutivo saliente mejor valoradas entre la opinión pública.

Uno de los hitos de este proceso de reformas fue la modificación del sistema de designación de la persona destinada a ocupar el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo de Administración; órgano que sustituía a la denostada y controvertida figura del Director General, concebido como un “comisario político” del Gobierno de turno. En 2006, los Presidentes de la Corporación pasaron a ser nombrados por el Congreso de los Diputados, de mutuo consenso entre las dos grandes fuerzas parlamentarias del hemiciclo (Partido Socialista y Partido Popular), pues la norma –el artículo 11.4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal– obligaba para ello a alcanzar una mayoría de dos tercios de la Cámara. Bajo este sistema fueron elegidos los Presidentes Luis Fernández y Albert Oliart.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros en pleno modificó el referido sistema de designación a través de un Decreto-Ley, el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Al precepto apenas aludido se le ha añadido ahora un nuevo apartado: «Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzare la mayoría de dos tercios, el Congreso de los Diputados designará por mayoría absoluta al Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo». El Gobierno rescata, así, el tenor de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 17/2006, de 5 de junio, prevista para el primer mandato –en 2006– de los miembros del Consejo de Administración, en caso de que no pudiera materializarse la mayoría parlamentaria de dos tercios.

Según el Ejecutivo, razones de extraordinaria y urgente necesidad –supuesto de hecho al que se encuentra supeditada la fuente normativa utilizada (Decreto-ley)– han obligado a operar esta reforma; en concreto, la situación de desgobierno en la que se sumió la Corporación por la prematura dimisión, en julio de 2011, de Albert Oliart (tras conocerse que RTVE había adjudicado un contrato a una empresa de la que su hijo era administrador único), el último Presidente elegido por consenso parlamentario, que, a su vez, tomó el testigo del también dimisionario Luis Fernández (tras fuertes desavenencias con el Gobierno, por haber aprobado éste el nuevo modelo de financiación para la RTVE sin consultarlo).

Desde esta dimisión, el resto de miembros del Consejo de Administración –en origen, doce, todos ellos nombrados por las Cortes Generales, a razón de ocho por el Congreso y cuatro por el Senado, en representación de las principales fuerzas del arco parlamentario y de los dos sindicatos mayoritarios con implantación en la RTVE– ha asumido –por turno rotatorio, uno por mes– la presidencia interina de la Corporación. Transcurrido casi un año desde la dimisión de Oliart, PP y PSOE no han conseguido llegar aún a un acuerdo para nombrar a un nuevo Presidente para la Corporación RTVE.

La Corporación necesita un Presidente que se encargue –esta es la versión oficial que da el Ejecutivo– de poner en marcha, con puño de hierro, los duros recortes que el Gobierno, en su política de control del gasto, ha establecido sobre este ente público, y que la Corporación ha de poner en práctica en este mismo ejercicio económico. En concreto, el recorte se ha cifrado en 204 millones de euros, esto es, una reducción del 38% de la subvención procedente de las arcas públicas que sustenta a la Corporación.

En cualquier caso, la actual crisis económica parece no haber puesto en discusión el actual modelo de radio y televisión públicas sin publicidad comercial, aunque sí ha promovido un mayor uso de la figura del patrocinio, ya que la norma que regula esta cuestión –esto es, la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española– permite que los programas culturales o deportivos, siempre que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de la Corporación, y con el fin de reducir los costes que los mismos generan, sean esponsorizados (como ocurre en la actualidad con varios programas que emite La 2, como Saber y Ganar).

En los últimos meses, con el fin de reducir gastos, RTVE se ha visto obligada, entre otras cosas, a renunciar a la emisión de eventos deportivos (como, por ejemplo, el mundial de motociclismo, el Roland Garros o la Liga ACB de baloncesto) y series emblemáticas para la casa líderes de audiencia (como Cuéntame o Águila Roja, cuyas nuevas temporadas se guardan ahora en un cajón, pues el gasto de estas series no se computa hasta que no se emiten); a reducir, entre un 15 y un 25%, la cuantía de los contratos de sus presentadores estrella, y entre un 14 y un 50%, las remuneraciones de colaboradores y tertulianos; así como a producir con sus propios medios –no era de recibo la fuerte política de “externalización” de la que hacía gala nuestra televisión pública– aquellos programas por los que pagaba unos altos “royalties” a productoras privadas (caso del programa de debates 59 segundos, por el que RTVE pagaba 79.000 euros anuales a Globomedia) o, sin más, a renunciar a la emisión de los mismos (por todos, el programa España Directo, producido por Mediapro, productora que mantuvo una agrio enfrentamiento con los trabajadores de la casa). Las medidas de ahorro en el campo de los contenidos son múltiples y variadas, y van desde la supresión de canales temáticos (como el infantil Clan TV) a la eliminación del público asistente a los programas (caso del matinal La mañana de la 1).

Lo cierto es que esta política de extrema contención del gasto, tal y como se está operando (esto es, recortando en los contenidos), pone en serio peligro la capacidad de este ente para llevar a cabo la labor de servicio público que le ha sido asignada y, en definitiva, su viabilidad. Tengamos en cuenta, además, por otro lado, que muchos de los gastos que en este mismo ejercicio hay que reducir estaban ya comprometidos de años anteriores y que la televisión pública se enfrenta en este 2012 a la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Londres, un evento que requiere de una ingente cantidad de medios técnicos y humanos (valorados en unos setenta millones de euros). En definitiva, los necesarios cambios que hay que seguir operando sobre el actual modelo de radiotelevisión pública no pueden precipitar su propia desaparición como tal.

El Ejecutivo justifica la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE en el hecho de que la normativa que la regula establece que es una función de su Presidente la elaboración del presupuesto, instrumento a través del cual se tienen que articular, de una forma coherente, todos los recortes que se exigen a la Corporación desde el Gobierno. Ante el prolongado vacío de poder que vive la RTVE, el Partido Popular ha hecho ver, con la reforma objeto de este comentario, que está dispuesto a hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara, nombrando un nuevo Presidente para la Corporación aunque sea sin contar para ello con el consenso de la Oposición (lo que ha suscitado, incluso, la contestación de los trabajadores del propio ente público y pone en entredicho la imparcialidad e independencia de la persona así designada).

No acaban aquí, no obstante, las novedades que introduce el mencionado Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, ya que, como “medida de ahorro”, el Ejecutivo reduce también el número de vocales que componen el Consejo de Administración de la RTVE (que pasa de doce a nueve, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado), lo que provoca la salida de los dos vocales propuestos por los sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación: Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCCO), quienes ven en esta maniobra un intento del Gobierno de cara a tomar el control de la línea editorial de este ente público. En “compensación”, la norma recoge ahora un puesto –cuyo titular se designará de común acuerdo entre estos dos sindicatos– en la composición del Consejo Asesor, órgano consultivo de la Corporación.

Los referidos nueve miembros que conforman el actual Consejo de Administración de la RTVE serán elegidos por mayoría de dos tercios en cada Cámara (Congreso y Senado). No obstante, como sucede en el caso del Presidente, el Decreto-Ley prevé que, si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación en cada Cámara no se alcanzase dicha mayoría, ambas Cámaras elegirán entonces por mayoría absoluta a estos miembros. No obstante, no parece probable –así lo queremos creer– que el Partido Popular utilizase su mayoría absoluta para nombrar a todos los integrantes del Consejo.

Los miembros del Consejo estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación mercantil para los administradores, siendo su puesto en todo caso incompatible con el mandato parlamentario, pero no tendrán –sólo el Presidente de la Corporación la conserva– dedicación exclusiva ni quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Por ello, en relación con su sueldo, mientras el Presidente de la Corporación –con dedicación exclusiva– percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades (por el que el Gobierno rebajó el sueldo de los directivos de empresas públicas), el resto de miembros del Consejo –sin dedicación exclusiva– percibirán solamente las indemnizaciones por asistencia a sus sesiones (esto es, dietas por asistencia en sustitución de las atribuciones fijas que hasta ahora percibían, cifradas en torno a los 110.000 euros), de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En un próximo post abordaremos el proyecto de ley –aprobado en el mismo Consejo de Ministros que el Decreto-Ley que hemos analizado en esta sede– que actualmente se tramita por vía de urgencia en el Congreso de los Diputados, por el que el Gobierno quiere permitir –no imponer, aclara el Ejecutivo– a las Comunidades Autónomas la gestión indirecta del servicio público de radiotelevisión, esto es, privatizar sus respectivas televisiones autonómicas públicas.

Ahora bien, el proyecto de ley prevé que, en el caso de que las Comunidades Autónomas decidan gestionar directamente este servicio público, las mismas deberán cumplir de modo estricto con los objetivos de control del gasto público fijados por el Gobierno nacional, esto es, no podrán tener déficit, algo en lo que incurren la práctica totalidad de los organismos públicos prestadores de este servicio; de modo que, las Comunidades con mayores problemas de déficit (como Canal 9, con 1.117 millones de euros o Telemadrid, con 242 millones), se verán abocadas a la privatización.

En definitiva, nos dirigimos hacia un nuevo modelo de radio y televisión públicas, tanto a nivel estatal como autonómico. Aún es pronto para aventurar los resultados que –al socaire de la crisis económica y la contención del gasto– deparará el profundo proceso de reformas que vive este sector, aquí tan sólo apuntado, pero no para asegurar que este proceso conlleva una nueva concepción de la labor de servicio público prestada hasta ahora de forma directa por los diferentes entes públicos estatales y autonómicos.

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